Por HORACIO DUQUE *
No paran los hechos de violencia en el cañón del Micay y los municipios que lo integran (Tambo, Argelia, y López), incluyendo los de su periferia: Balboa, Patía y El Bordo.
Recién ocurrió una terrible acción de guerra contra una compañía del Ejército que se desplazaba a instalar un puente metálico en La Hacienda, vereda de El Tambo cercana a El Plateado, el escenario principal del conflicto, con una larga temporalidad prolongada desde los años 80, cuando se organizaron varios frentes de las Farc (8 y 60), otros del Eln y del Epl; sin omitir la presencia de grupos paramilitares (Rastrojos) instalados por la Policía y las brigadas militares uribistas apalancadas por la exministra de Defensa Martha Lucía Ramírez (1996-2004), responsables de masacres, despojos, desapariciones, pescas milagrosas y montajes judiciales contra las organizaciones sociales y agrarias organizadas por las comunidades.
A lo anterior hay que agregar eventos cotidianos de guerra que afectan la población en su vida diaria.
Con la agudización del conflicto social y armado en la región, el gobierno del presidente Gustavo Petro ha intentado desde 2022 una solución en la estrategia de Paz total, mediante una Mesa de diálogos y negociaciones con el Estado Mayor Central EMC que lidera Iván Lozada, con importantes avances iniciales (acuerdos de Tibú), que posteriormente fracasaron por las deficiencias estatales y de la propia delegación de paz gubernamental en la implementación de los consensos.
Lo que sobrevino posteriormente fue la adopción por el Gobierno central de unos planes militares denominados Trueno y Perseo, para destruir los actores armados insurgentes asociados con el EMC de las Farc, que no son otros que el Frente “Carlos Patiño”, con fuerte arraigo dada su articulación con la floreciente producción cocalera, que involucra a centenares de familias campesinas que obtienen su subsistencia de la siembra, cosecha y procesamiento de la hoja de coca, eslabón de una poderosa cadena productiva con tentáculos internacionales comerciales, financieros y criminales; además de ser fuente de una “bonanza caucana” que se refleja en la exuberancia inmobiliaria de Popayán y su Área Metropolitana; y en la organización de decenas de pequeños y medianos negocios que dan sustento a miles de familias, de lo que se aprovechan especuladores y redes financieras y bancarias.
Con la exacerbación de la violencia en curso el presidente Petro no se ha cruzado de brazos, y ha retomado en el segundo Consejo de Ministros abierto a la ciudadanía la ruta de la transformación territorial atascada en la maraña burocrática.
En ese sentido, ha urgido la coordinación interinstitucional para que las distintas agencias estatales aceleren las acciones correspondientes con el fin de cristalizar el esquema de la transformación de los territorios desde una visión progresiva, para construir las infraestructuras viales prioritarias (salidas al Pacífico, comunicaciones intermunicipales, carreteras interdepartamentales, puertos de profundidad); las infraestructuras sociales: renta ciudadana, renta de adulto mayor, colegios, escuelas, hospitales, Plazas de mercado (PAS), conectividad, proyectos productivos de maíz, café, aguacate, frutas, ganadería, protección del agua y de los recursos naturales y empleo; para fortalecer los derechos humanos y particularmente los relacionados con la participación democrática de la ciudadanía; para proteger los indígenas, los consejos comunitarios afros y los procesos de identidad regional, mediante la instalación de emisoras comunitarias, casa culturales y centros del deporte.
Todo lo anterior en el entendido de que transformar los territorios es ante todo un cambio en las condiciones de vida de las más de 150 mil personas que habitan El Micay, en sus municipios y corregimientos -como El Plateado y sus 13 mil habitantes-, epicentro de la guerra y los operativos militares, con un letal rebote en Balboa y en el Patía.
ADENDA. Está en curso la construcción del Acueducto regional del río Bermejo (Mercaderes, Balboa y el Bordo) con dineros de regalías. Es necesario profundizar el control social comunitario sobre esta obra (Veedurías y AuditorÍas sociales) dado los presuntos hechos de corrupción detectados en esta inversión cercana a los 130 mil millones de pesos (aportados por el Sistema General de Regalías y el OCAD paz), a cargo de la gobernación del Cauca y de Emcaservicios, la empresa de servicios públicos, secuestrada por el exgobernador Elías Larrahondo, con el asentimiento del actual gobernador Octavio Guzmán. Larrahondo está en una febril campaña para acceder al Senado en la próxima legislatura, que obviamente demanda cuantiosos recursos monetarios.
Esta es una alerta sobre este importante megaproyecto del sur del departamento.
@HoracioDuque8
* Horacio Duque es historiador y analista político.
Sobre el autor o autora
