La consolidación del ELN como una estructura “narco-armada” y la operación mafiosa de las disidencias farianas obligan a la academia a interpretar las disímiles expresiones de la violencia que ejercen esos grupos armados ilegales en vastos territorios, a revisar el sentido de la nomenclatura conflicto armado interno, usada históricamente para legitimar políticamente la operación de las antiguas guerrillas.
Constituye a todas luces un engaño insistir en tan pomposa categoría, cuando lo que a diario ven y soportan las comunidades es la “lumpenización” de aquellas estructuras armadas que sectores privilegiados de la sociedad siguen llamando guerrillas cuando en los territorios actúan como fuerzas de sometimiento social, económico y político alejadas de los deseos de “liberar al pueblo” de la tiranía estatal y del modelo de desarrollo económico vigente.
Vengo insistiendo en la idea de que al mutar el ELN y las disidencias farianas a organizaciones narco armadas, ya no tiene mayor sentido hablar de conflicto armado interno a pesar de la permanencia en el tiempo de aquellas circunstancias objetivas que legitimaron el levantamiento armado en los años 60. Así las cosas, urge revisar la validez jurídico-política, la legitimidad y la credibilidad de la nomenclatura conflicto armado interno como concepto y categoría explicativa, pues las guerrillas de entonces dejaron de existir o simplemente mutaron a organizaciones criminales sin arraigo sociopolítico.
Poner en cuestión dicha nomenclatura puede tener implicaciones en la dimensión jurídico-política de la paz, en la medida en que no tendría mayor sentido de realidad hablar de negociaciones políticas con unas organizaciones mafiosas que, como el ELN, no les interesa dejar las armas a cambio de curules y mucho menos les atrae reincorporarse a la vida social y económica del país a través de proyectos productivos como los que echaron a andar los firmantes de paz del proceso de paz de 2016. Así las cosas, no queda de otra que hablar de procesos de sometimiento a la justicia. Así entonces, la variable jurídica estaría por encima de la política y de la potestad del presidente de la República para sentarse a negociar condiciones generales y particulares de eventuales armisticios.
Si se acepta que por cuenta de la transformación de las guerrillas en narco estructuras armadas la categoría conflicto armado interno ya no tiene la validez, la legitimidad y la credibilidad suficientes para sentar en la mesa en condiciones de igualdad a los plenipotenciarios de un gobierno y a los líderes de esos ejércitos mafiosos, entonces el país político debe abandonar la idea romántica de esa paz que genera aplausos y motiva la entrega de reconocimientos internacionales como el Nobel de Paz, para empezar a pensar en que ya es tiempo de hablar de postguerrillas y de pacificación a las malas.
Pasar de la búsqueda de la Paz Total a la Guerra Total como escenario en el que ya el conflicto armado interno no existe como categoría explicativa, necesita de acciones de limpieza al interior de las fuerzas armadas, del empresariado y de la clase política. Lo anterior implica golpear con firmeza a todos los agentes sociales, político y económicos que se benefician de la comercialización de armas y pertrechos, esto es, de la guerra. Lo primero que hay que hacer es identificar y procesar penalmente a los amos de la guerra que operan en Colombia, muchos de ellos amparados por partidos políticos y la dinámica electoral.
@germanayalaosor
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