Consejo de ministros II: la democracia bajo la lupa

Por ADRIANA RODRIGUEZ MOLANO *

Frente a los contenidos mediáticos parcializados y sesgados que moldean la opinión pública en beneficio de los intereses de la extrema derecha y de los poderes fácticos, los Consejos de ministros televisados juegan un rol importante. Hacen contrapeso a la construcción de narrativas que manipulan las mentes de los incautos receptores de mensajes del 78% de medios del establecimiento. Si bien los medios alternativos logran contrarrestar esta lógica de desinformación, el sicariato mediático lesiona el derecho a una información transparente dirigida a los ciudadanos, sin que muchos de ellos sean conscientes de la manipulación de la que son objeto.

La calumnia, las fake news, los bulos, la desinformación, la información sesgada y descontextualizada forman parte de la manipulación mediática en Colombia. Lanzado el dardo la herida es más profunda, pudiendo llegar hasta ‘asesinar’ reputaciones, con el efecto político deseado. Por eso, hablar de un sicariato mediático no resulta exagerado.

Aunque algunos medios presentaron segmentos descontextualizados del segundo Consejo de ministros del 3 de marzo, los ciudadanos pudieron ver de primera mano y en tiempo real el ejercicio gubernamental. El presidente y sus ministros como servidores del Estado, afinaron las estrategias frente a la crisis actual en el Catatumbo, mediante el establecimiento de un Plan integral de transformación social y económica para esta región tan golpeada por la violencia.

El acceso a una información directa tiene al menos dos componentes que contribuyen al fortalecimiento de procesos democráticos, muy valiosos frente al déficit democrático. Esto como consecuencia directa del andamiaje mediático del establecimiento que usurpa, el acceso a una información verídica y a contenidos de opinión ricos en diversidad, al tener el monopolio de los medios de información.

El primer componente es una información de primera mano que le permite a cada persona formarse su propia opinión y decidir qué hacer en el momento de elegir un congreso y un nuevo presidente en 2026. Por lo demás, nuestras acciones a nivel personal, profesional, laboral y político están supeditadas a la información y a los juicios que terminamos por integrar. Confrontar y tener un espectro de información más amplio tiene una clara incidencia en el grado de autonomía de los individuos.

Un segundo componente fundamental es que los Consejos de ministros, junto con espacios como los debates televisados en el Congreso, que tienen menos sintonía, les permiten a los ciudadanos y a los colectivos ejercer una veeduría sobre los temas de interés particular. Así, cobraría más sentido la expresión de gobierno del pueblo y para el pueblo.

Más que una estrategia de comunicación que rompa el asedio de los medios tradicionales al gobierno progresista intentando desinformar, el nuevo ejercicio democrático pone bajo la lupa de la ciudadanía el accionar del gobierno, brindando la transparencia necesaria para confrontar el ejercicio gubernamental que tradicionalmente se ocultaba por los vericuetos de la corrupción y la codicia.

En este segundo Consejo las intervenciones de los ministros que presentaron sus planes y la ejecución lograda en la región del Catatumbo, se enmarcaron dentro del concepto de seguridad humana, que sitúa al ser humano y no al Estado como objeto de seguridad. El presidente Petro a lo largo de su mandato ha dejado claro que éste es el enfoque de seguridad privilegiado, en contraste con la seguridad democrática bajo los gobiernos de Uribe, basada en la noción de seguridad nacional de corte militar y policial.

La apuesta es cómo conciliar una protección del territorio frente al ELN y las disidencias de la FARC en la frontera con Venezuela desde una perspectiva militar, aunque en el marco de la seguridad humana. La erradicación de los cultivos de coca y la sustitución por cultivos lícitos previsto en el Plan Integral, con titulación de tierras a los campesinos en 25.000 de las 50.000 hectáreas sembradas con coca, es el mayor reto. Implica una participación significativa de la comunidad sembradora de coca en los asuntos ligados a su problemática personal, logrando una incidencia en la solución del conflicto en la región. La ofensiva militar integral que se utilizará por parte del gobierno, en particular para proteger a estas poblaciones, no fue discutida en el marco del Consejo de Ministros por cuestiones obvias, ligadas a la estrategia militar que habrán de seguir.  

Se trata de recuperar el territorio fronterizo implementando la tenencia de las tierras para el empoderamiento del campesinado, sin que permanezca expuesto a la lógica de las bandas narco criminales. Por el contrario, los actuales cultivadores de coca podrán construir una autonomía personal, sembrando cultivos lícitos y sobre todo con titulación de tierras.

El reto es de gran envergadura y no exento de adversidades de diversa magnitud. Sin embargo, no afrontarlo es dejar esta parte del territorio colombiano y su gente en manos de la narcodelincuencia.

El nuevo ministro de defensa, el general (r) Pedro Sánchez, conocido por haber liderado la Operación Esperanza que logró el rescate de los hermanitos Mucutuy perdidos en la selva, expuso en su intervención elementos que vale la pena analizar. Realzó justamente la confluencia entre el aspecto militar de protección de las personas y de las fronteras colombianas, pero dentro del marco del ejercicio gubernamental de los otros ministerios. Pese a que enfatizó en la firmeza de la acción bélica utilizando los medios necesarios para cumplir con los objetivos militares, invitó a la desmovilización facilitada con los programas de atención al desmovilizado. Se situó de esta manera dentro de la lógica de la seguridad humana frente al infractor, no únicamente mediante la confrontación bélica.

Esperemos que, junto con el Plan Integral, el Pacto Catatumbo firmado el 6 de marzo entre el Gobierno nacional, las autoridades regionales y los líderes sociales y comunitarios, surta los efectos esperados y traiga la paz tan añorada en esta región.

* Analista política, Máster en Sociología política y política comparada de la Universidad París 10 Nanterre y Máster en Análisis de problemas políticos, económicos e internacionales contemporáneos de la Universidad Externado de Colombia.

Sobre el autor o autora

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