Con un llamado a movilizaciones sociales y la convocatoria a una consulta popular, el presidente Petro hace frente a lo que él llama el “bloqueo institucional” aupado por congresistas de la oposición y otros agentes del Establecimiento colombiano, que se resisten a cambiar los “Estados de Cosas Inconstitucionales” que restringen y violan los derechos laborales, a la salud y a pensionarse de millones de colombianos.
La alocución presidencial del 11 marzo confirma la ruptura de las relaciones entre el Congreso y el Ejecutivo, situación que se puede extender a las altas cortes, que han aportado al “bloqueo institucional” de las reformas sociales presentadas por el gobierno Petro al Congreso. Recordemos que la Corte Constitucional está por fallar sobre la exequibilidad de la ley pensional que se aprobó en el Congreso. Senadores del Centro Democrático demandaron la norma, como expresión clara de su interés como colectividad de extender en el tiempo la enorme dificultad de millones de colombianos para alcanzar una pensión en un sistema de aseguramiento pensado para que unos pocos alcancen una jubilación.
El llamado a una Consulta Popular le entrega a la plenaria del Senado de la República la responsabilidad política y social de aprobar o no el texto con el que el gobierno Petro justificará la convocatoria a ese mecanismo de participación ciudadana. De ser aprobado, y después de surtir un par de etapas más, el electorado deberá salir a las urnas y votar a favor o en contra de las preguntas que darán sustento a dicha consulta.
Se trata sin duda alguna de una arriesgada salida institucional y constitucional que confirma el talante democrático del presidente de la República, pero que al tiempo expone el proyecto político progresista a sufrir una derrota electoral y política. Por estas razones podría fracasar: 1. Los grandes medios de información están alineados con los sectores de poder político y económico que se oponen a las reformas sociales, lo que no es otra cosa que la patente de corso para manipular y mentir tal y como lo hicieron durante la campaña del No en el plebiscito por la Paz. Recordemos que, por culpa de esas empresas mediáticas, la derecha logró que millones de colombianos engañados “salieran berracos” a votar por el No. 2. Los empresarios que no apoyan la reforma laboral, por ejemplo, presionarán a sus trabajadores para que voten negativamente la Consulta Popular. No se puede descartar que haya amenazas de despidos.
Así las cosas, el gobierno Petro se expone a una derrota si las empresas mediáticas y los empresarios logran sus cometidos con unas audiencias y un electorado asalariado temeroso de ser despedido por secundar las reformas del gobierno. En la misma dirección, la clase política que lidera el “bloqueo institucional” hará lo propio para garantizar que la consulta popular fracase.
Si por el contrario los trabajadores y en general la opinión pública entienden que es tiempo de ponerle fin a esos Estados de Cosas Inconstitucionales en los que opera el sistema de aseguramiento en salud y pensión y el mercado laboral, la votación masiva por un SÍ a las reformas sociales de inmediato se convertirá en un plebiscito que posiblemente garantice el triunfo electoral en el 2026 al progresismo, siempre y cuando la figura escogida para llevar esa bandera no genere rechazo, tenga carisma y sepa capotear la embestida mediática que de todas maneras se va a dar cuando llegue el momento de votar en las presidenciales.
Con este llamado a la Consulta Popular y a la movilización popular, la crispación ideológica y el conflicto entre clases sociales enrarecerá aún más el actual escenario preelectoral en el que estamos. Las elecciones de 2026 podrían tornarse violentas si la consulta popular es aprobada y el progresismo logra mantenerse en la Casa de Nariño. Veremos cuál de los “dos pueblos” que existen en Colombia gana las elecciones.
@germanayalaosor
Sobre el autor o autora
