En la crisis del sistema de salud de Colombia confluyen diversos factores, que en parte la explican pero a su vez son síntoma de los graves problemas que arrastramos como sociedad civilizada. El Estado es el primer actor que aparece en el colapso de un sistema de aseguramiento pensado más como negocio que como paradigma de solidaridad y respeto a los derechos de los pacientes.
En la operación del Estado surgen dos preguntas: ¿Para qué el Estado? Se trata de un interrogante que nos retrotrae a los orígenes de esta forma de dominación, cuyo sentido filosófico y político se fue diluyendo en el tiempo gracias en gran medida a la doctrina neoliberal. La segunda pregunta, ¿para quién el Estado?, nace del triunfo del capitalismo salvaje, fundado especialmente en un factor antropológico clave: el egoísmo de los seres humanos.
El ethos mafioso con el que siempre funcionó «el mejor sistema de salud” garantizó una única respuesta al segundo interrogante: el Estado para unos pocos. Así las cosas, la operación de todos los agentes al interior del sistema de salud se dio en torno a ese pernicioso y sinuoso ethos, muy propio de seres humanos amantes del capital y del poder político, pero, sobre todo, interesados en hacerse ricos a costa de la vida y de los derechos de los demás. En un Estado para unos pocos su captura por parte de clanes políticos es una condición natural y necesaria para que durante más de 30 años el sistema de salud se usara para que unas pocas familias se enriquecieran a costa de la vida y el bienestar de millones de colombianos.
El segundo actor es la la acción misma de los politicastros que capturaron el sistema en busca de procurarse el músculo económico para financiar grupos paramilitares, campañas electorales, pautar en medios de comunicación y para consolidar un lucrativo negocio, usando la integración vertical para monopolizar los servicios de salud en unos pocos actores empresariales, que se beneficiaron de la falta del control de un Estado tan privatizado como el sistema de salud mismo.
Las juntas directivas de casi todas las EPS operaron como agentes financieros que desviaron billonarios recursos públicos, manejados en paraísos fiscales o invertidos en negocios inmobiliarios. Por supuesto que los miembros de esas juntas directivas contaron con la colaboración de los entes de control, de ministros de salud y del poder político bogotano que a pesar de saber de la existencia de la corrupción al interior de las EPS prefirieron guardar silencio y dejar que el colapso del sistema se dilatara en el tiempo, hasta que llegó el gobierno Petro a tratar de desmontar el entramado mafioso, hijo del bajo o escaso sentido ético de un sistema privado que desde el principio desconoció los principios de respeto, solidaridad y empatía con los pacientes. Aparecieron entonces los carteles de la hemofilia y la práctica criminal de cobrar servicios de salud prestados a pacientes fallecidos, entre otros ejemplos.
El tercer actor es societal y de este hacen parte elementos culturales que dan vida a eso de “ser colombiano” que, para el caso, es sinónimo de ser torcido, malicioso, insolidario, poco empático, ineficiente, mañoso, mentiroso, mafioso y corrupto. Todo el sistema de salud está permeado por esa condición civilizatoria que para el caso colombiano deviene naturalizada y difícil de superar. Desde los funcionarios de las empresas que dispensan los medicamentos por orden de las EPS y que se atreven a negar la entrega de esos insumos médicos señalando que hay desabastecimiento, hasta los directivos de las entidades prestadoras de salud que obligan a los pacientes a interponer tutelas, mientras que desvían los recursos públicos.
Todos los tres actores señalados arriba se alimentan de una discusión ideologizada de la crisis del sistema de salud y de la incapacidad de unos y otros de poner por encima de sus intereses los derechos de los pacientes. Y claro, aparecen ya los candidatos presidenciales y exministros de salud para pescar en río revuelto. Los primeros, para hacer populismo con el sufrimiento de los pacientes y los segundos, para seguir defendiendo la impudicia de un sistema concebido por políticos y empresarios alevosos, dignos representantes de la aviesa condición humana que para el caso colombiano parece imposible de modificar. Acaparar los medicamentos, de acuerdo con lo reportado por la Superintendencia de Salud, en el caso de la firma dispensadora Audifarma, confirma que lo peor de la condición humana se sitúa y se reproduce todos los días en el País de la Belleza. ¡Qué asco!
@germanayalaosor
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