Por HORACIO DUQUE*
Parecería un asunto de rutina institucional y de ajustes en los dispositivos gubernamentales para atender las obligaciones de las agencias públicas que conforman el Estado, pero en el caso que hoy nos ocupa hay algo más.
Desde los compromisos programáticos del gobierno de Gustavo Petro, que concitaron el apoyo mayoritario de la ciudadanía en el primer semestre de 2022 a favor de una agenda de transición hacia la paz, el Plan Nacional de Desarrollo proyectó un viraje social de gran trascendencia e impacto en las condiciones de vida de millones de personas en situación de extrema pobreza y aguda vulnerabilidad social.
Materializar un objetivo de tal envergadura requiere de instrumentos institucionales óptimos y de la mayor competencia en la movilización de recursos humanos, financieros, administrativos y tecnológicos, conforme las grandes transformaciones que se están dando en la actualidad, como reflejo de la cuarta revolución industrial, en particular por las descomunales incidencias que está teniendo el desarrollo de la Inteligencia artificial en la organización del Estado.
En este contexto, el gobierno del presidente Petro sancionó en días recientes el decreto 0017 del 14 de enero del 2025 que oficializó una densa reorganización del Departamento Administrativo para la Prosperidad Social (DPS), entidad que hoy dirige Gustavo Bolívar y que fue creada el 5 de noviembre del 2011 con el decreto 4155, reglamentario de la Ley 1448 de víctimas, aprobada por el Congreso ese mismo año; normas que dieron lugar a la transformación de la Acción social, pero terminó convertido en un tentáculo burocrático del Estado comunitario del gobierno ultraderechista de Uribe Vélez (2002-2010), y que a su vez intentó absorber a la Red de Solidaridad Social, creada junto con el SISBEN en el gobierno liberal y socialdemócrata de Ernesto Samper Pizano.
Desde su creación, con la asesoría de delegados del laborismo inglés encabezado por Tony Blair contratados por Juan Manuel Santos, el DPS se ha enfocado en políticas para la superación de la pobreza, la inclusión de la población vulnerable y víctima de la violencia, y la consolidación de los territorios a través de la garantía de la presencia del Estado en una senda de prosperidad y reconciliación. Por eso Santos decidió en 2011, como parte de su estrategia de paz, transformar la Agencia Presidencial para la Acción Social y la Cooperación Internacional – ACCIÓN SOCIAL- en un Departamento Administrativo encargado de fijar las políticas y planes generales para la asistencia, atención y reparación a víctimas de la violencia, atención a grupos vulnerables y reintegración social.
Con el decreto 0017 del 14 de enero del año en curso, el presidente Petro da un salto institucional al actualizar la estructura del DPS, incorporando leyes de años anteriores, deslindando sus funciones respecto del Ministerio de Igualdad y orientándolas a impulsar la economía popular, el primer empleo y el control interno.
Bajo el nuevo esquema administrativo se crean dos subdirecciones generales: la de Inclusión Productiva para la Paz y la de Programas y Proyectos para el Desarrollo Social. La primera estaría integrada por las direcciones misionales de Economía Popular, Soberanía Alimentaria y Acompañamiento Familiar y Comunitario. La segunda, por las de Transferencias Monetarias e Infraestructura Social y Hábitat, así como la Oficina de Operación. Este esquema se armoniza con la ley que dio vida al Ministerio de Igualdad y con el artículo que introdujo la creación del Sistema de Transferencias o Renta ciudadana cargo de la entidad.
El decreto 0017 en mención crea además una oficina de Control Interno Disciplinario y otra de Análisis de Datos y Focalización, ambas dependientes de la Dirección General. Estos nuevos espacios brindan independencia al manejo de temas disciplinarios de los funcionarios y fortalece el sistema de información, en beneficio de la eficacia en el manejo de los recursos públicos, destacándose la incorporación de plataformas de Inteligencia artificial para agilizar la ejecución de los programas, con mayor injerencia de la ciudadanía.
Lamentablemente, esta norma no intervino (dejándola intacta) la flamante Veeduría al Fondo de Inversiones para la Paz, que ha sido un espacio para alcahuetear las trapacerías y delitos ocurridos en el DPS durante las administraciones de Nemesio Raúl Roys (guajiro incurso en enriquecimiento ilícito), Susana Correa (del ingenio Mayagüez) y Pierre García (el de las ‘Marionetas’ de Mario Castaño, condenado por corrupción).
Se debe resaltar que esta reforma no vulnera los derechos de 1.490 empleados de la entidad e incorpora 110 nuevos cargos en diversos niveles, para favorecer la población joven y el primer empleo.
Hay un complemento, y es la nueva estrategia anticorrupción que se viene construyendo con un Plan de transición hacia la Estrategia de Transparencia y Ética pública, que deberá estar listo en agosto del 2025 de acuerdo con lo dispuesto en el decreto 1122 de agosto del 2024 (Ver enlace) y en la Resolución interna del DPS número 319 de febrero del 2024, con normas muy puntuales de probidad en el desempeño de las competencias propias de los funcionarios de esta entidad.
Es probable que las nuevas políticas en curso, como la construcción de 150 Puntos de Abastecimiento Solidario/PAS, el programa de Economía popular y la permanencia de la Renta joven en favor de casi 400 mil jóvenes universitarios tengan el apoyo eficiente y eficaz de la nueva institucionalidad definida en el decreto que nos ha ocupado a lo largo de esta nota.
Es necesario insistir en que los temas acumulados de corrupción siguen sumidos en el olvido, por lo cual se requiere un barrido judicial y de control social, para evitar que poderosos Operadores comprometidos en robos a la entidad no queden en la impunidad o permanezcan ahí orondos, con la complicidad de las redes de supervisores que han actuado como cómplices directos en el asalto de programas como Familias en su Tierra, Iraca e infraestructuras.
Además del replanteamiento administrativo, es necesario construir nuevas políticas para que las trasferencias propicien la constitución de nuevos escenarios sociales, anclados profundas trasformaciones sociales y cambios estructurales. Los beneficiarios de las trasferencias de la Renta ciudadana no pueden perpetuarse como fichas del clientelismo político en los municipios.
Renta joven, por ejemplo, sigue atrapado en los patrones de un neoliberalismo obsoleto, heredado desde el gobierno de Ivan Duque, con funcionarios enraizados y para los que el individualismo y la competencia feroz son los ejes centrales de la intervención del Estado.
@HoracioDuque8
* Horacio Duque es historiador y analista político.
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