Por MARCO EMILIO HINCAPIÉ*
El tiempo en muchas ocasiones termina dándonos la razón. En nuestra vida como servidores públicos nos hemos destacado por denunciar graves casos de presunta corrupción, tanto en Ibagué como en el Tolima. A pesar de las dificultades, los obstáculos y las presiones externas, hemos mantenido nuestra postura firme, pues creemos que la justicia y la transparencia son valores fundamentales para el bienestar de nuestra comunidad.
Desde la asamblea departamental denunciamos la presencia en el Tolima de disidencias de las FARC y grupos como el Clan del Golfo. La respuesta de la administración de turno siempre fue el silencio y la negación. Hoy, esa misma denuncia la realiza la gobernadora Adriana Matiz, pero solo con el objetivo de cuestionar la política de seguridad del Gobierno nacional.
Mientras ejercí como secretario de Gobierno de ese departamento, nos enfocamos en promover la denuncia ciudadana a través de la estrategia “Tu barrio en paz”. Esto nos permitió no solo dar golpes contundentes contra la criminalidad, sino lograr la tasa de homicidios más baja en la historia de nuestra ciudad.
Otra de nuestras denuncias, que se convirtieron en premoniciones, fue en torno al puente fantasma de la calle 60 con carrera Quinta. Desde que se conocieron los contratistas, le advertimos a la ciudadanía sobre los millonarios anticipos que había realizado el exalcalde Andrés Hurtado y sobre los riesgos de que la obra no se completara, por su pésima planificación.
Un año después el tiempo confirmó que la obra estaba viciada, que los recursos de los ibaguereños terminaron en cuentas privadas de familiares de los contratistas y que el Municipio debía enfrentar una millonaria demanda, a causa de la deficiente gestión del exalcalde Hurtado.
Uno de los escándalos más grandes que hemos destapado, tiene que ver con la contratación a dedo por parte de Andrés Hurtado de una empresa de vigilancia ligada a una funcionaria del CTI, adscrita al grupo anticorrupción de la Fiscalía General de la Nación.
En nuestra denuncia demostramos que la empresa Sara LTDA., propiedad de Jorge Castaño Galindo, esposo de la funcionaria del CTI Omaira Méndez Losada, había recibido cerca de $1.700 millones en contratos de vigilancia con la Unidad de Salud de Ibagué durante la administración de Andrés Hurtado.
Hoy, casi dos años después, la Fiscalía, Policía Nacional y Supervigilancia allanaron y desmantelaron a la mencionada Sara LTDA., una empresa que al parecer resultó ser una fachada desde la cual se estaría lavando dinero y entregando armas al Clan del Golfo, la Oficina de Envigado y otros grupos criminales que siembran terror en nuestro país.
Nuestro compromiso como ciudadanos siempre ha sido el de denunciar los casos de corrupción que manchan la imagen del Tolima y de nuestra hermosa Ibagué. Pese a las múltiples amenazas que hemos recibido, no vamos a desfallecer en la lucha por construir una sociedad más justa, transparente, democrática y con oportunidades.
Para conseguirlo, es imperativo que derrotemos entre todos a las mafias y a los clanes que nos quieren robar nuestros sueños.
* Abogado Mg, exdiputado, exsecretario de Gobierno del Tolima, Superintendente Delegado en la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada.
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