Por HORACIO DUQUE *
La Paz (Total o integral) no está tan arruinada o fracasada como sugieren los enemigos de la ultraderecha y de cierta “izquierda” despistada, muy funcional a los juegos políticos de aquella.
Hay noticias recientes que indican, por fortuna, la oxigenación de la estrategia del Gobierno para poner fin al conflicto social y armado, que aún se prolonga en un tercer ciclo con violencias regionales.
El esquema de Paz del actual gobierno del Pacto Histórico acoge un conjunto de leyes que convergen en un planteamiento alternativo, con dificultades en su implementación por las obvias disonancias entre la teoría y la práctica y por el fuerte contraste con el inveterado modelo de pacificación utilizado por las oligarquías desde los años 50 del siglo XX para sofocar los grupos rebeldes liberales o de orientación marxista, que tiene en la paz de JM Santos su expresión más completa: un programa de desmovilizaciones con promesas que no cumplieron los diferentes gobiernos.
Tal vez fue la falta de pericia y la imprudencia de los funcionarios gubernamentales encargados de la paz en su segundo tramo, lo que dio al traste con los avances registrados en la Mesa con el Eln; aunque este espacio mostró importantes progresos durante los primeros meses en lo relacionado con la participación política y la ampliación de la democracia, su implementación no ganó espacio por el descuido gubernamental y la agresividad semántica del principal vocero oficial, empeñado en el desafío y la abierta injerencia en los asuntos internos de la contraparte, hasta el punto de alentar la intemperancia y arrogancia militarista de ese grupo (con secuestros, asaltos a instalaciones militares y campañas de desplazamientos violentos de la población, como el reciente del Catatumbo), lo que derivó en la bancarrota del mecanismo establecido desde octubre del 2022, mismo que se intenta restablecer mediante un Congreso de paz convocado para los primeros días de abril (5 de abril), por iniciativa del senador Iván Cepeda y de Vera Grabe, la jefe de la delegación gubernamental.
Un tanto de todo eso sucedió con la Mesa del EMC de las Farc de Iván Lozada. Instalada en octubre del 2023 en Tibú (Norte de Santander), su quiebre se precipitó por la omisión oficial del principio de la bilateralidad en la construcción de los planes para la transformación territorial del Cañón del Micay y de los 12 municipios del Catatumbo.
Fue un acierto la adopción de los ceses bilaterales del fuego, pues los hechos de violencia disminuyeron ostensiblemente en los territorios atrapados por la guerra desde el segundo semestre del 2022; pero, a raíz de algunos hechos sangrientos de alto impacto, la manipulación de la prensa corporativa sobredimensionando la inseguridad, llevó al recorte del alcance de esa herramienta humanitaria probada en la superación de distintos conflictos armados.
La gran prensa corporativa, afín a las facciones de la ultraderecha, ha logrado instalar una matriz mediática adjudicándole a la Paz total la inseguridad y violencia en territorios como el Catatumbo, el Micay, Calamar y Arauca. Obvio que el sentido de dicha narrativa tiene un fin político innegable: acusar y responsabilizar a la izquierda de ser la promotora de los procesos sangrientos que afectan el derecho a la vida y la integridad de las comunidades. Omiten que el modelo de seguridad de la derecha ha sido un lastre completo si revisamos lo que fue la “seguridad democrática” de Uribe Vélez (casi 7 mil “falsos positivos”, desplazamientos de casi 10 millones de campesinos y despojo de más de 9 millones de hectáreas); y las estrategias policiales y militares de Ivan Duque.
Pero, como en el conocido refrán popular que indica que “los muertos que vos matáis gozan de cabal salud”, a la Paz total le sucede igual.
Esta sigue viva. Recientes hechos confirman que la misma ha recuperado su oxígeno con varios procesos que avanzan con paso firme para consolidar acuerdos que pongan fin definitivo al conflicto armado regional en el Yari, Calamar, Miraflores, Nariño y Putumayo.
Los Acuerdos del Yarí y La Macarena
En el caso del Yarí hay unos acuerdos con el Estado Mayor de Frentes de las Farc de Calarcá Cordoba (conocido como Estado Mayor de los Bloques y Frentes/EMBF), formalizados en un encuentro que se adelantó en La Macarena (Meta) el primer fin de semana de marzo de 2025, al que asistieron más de 430 líderes de los departamentos de Guaviare, Meta y Caquetá. Reunión en la que se determinó el impulso de varias Zonas de Reserva Campesina (ZRC) en el Yari con el acompañamiento de Cesar Jerez de Baluarte agrario; la entrega de tierras para campesinos y la celebración de algunos pactos para la protección de importantes áreas de la Amazonía.
Así, el pasado 9 de marzo, la Agencia Nacional de Tierras (ANT) entregó 62 títulos de propiedad, que corresponden a 8.553 hectáreas, a 335 campesinos del municipio de San Vicente del Caguán. La Agencia Nacional de Tierras/ANT del señor Harman anunció que ya hay un segundo polígono sobre el cual se espera tener los actos administrativos listos en el curso de los próximos cuatro meses.
Adicionalmente, en los consensos alcanzados con dicha guerrilla de las Farc, se determinó una iniciativa llamada “Amazonía para la paz”, que es un proceso en construcción con elementos como la regularización, normalización y titulación de tierras a los campesinos y la garantía de derechos a los pueblos indígenas y los legítimos propietarios de la región.
De manera concreta se determinó la atención prioritaria del Parque Chiribiquete, área de reserva forestal y de manejo integrado, con criterios que comprometen a los campesinos a ser defensores de la naturaleza y obligan a las entidades públicas a armonizar las estrategias de conservación con los planes de buen vivir y desarrollo sostenible. En la declaración de la Mesa de paz se dice que se encaminaran gestiones para adelantar procesos de ordenamiento ambiental, con delimitación precisa de límites de los parques, zonas de reserva forestal, resguardos indígenas, entidades administrativas y catastro.
Hay compromisos para prohibir el acaparamiento de tierras y la deforestación al servicio de la ganadería extensiva, de las economías al servicio del narcotráfico y del extractivismo.
Quedaron asuntos para resolver como la persecución judicial hecha por el gobierno de Ivan Duque en el marco del Plan Artemisa que implicó el atropello de campesinos e indígenas en el Guayabero, aun encarcelados en varios centros penitenciarios.
Con los Comuneros del sur, actor insurgente con presencia en el departamento de Nariño, hay acuerdos de desminado y búsqueda de desaparecidos en la sub región nariñense de Los de Abades (Samaniego, Providencia y Santacruz); además hay planes de transformación territorial para organizar un distrito agro minero y planes de reconversión productiva de la hoja de coca.
La ruta de la paz con La Coordinadora Nacional Ejercito Bolivariano y los Comandos de Frontera
Con la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano que lidera Walter Mendoza, después de las adversas circunstancias relacionadas con la inesperada captura de Andrés Rojas de los Comandos de Frontera por parte de la Fiscalía y la DEA, en reciente reunión celebrada en Llorente (Nariño), ambas partes reactivaron la Mesa de diálogo, buscando evitar una ruptura total del proceso.
Las partes acordaron retomar los compromisos firmados en febrero durante el tercer ciclo de diálogo como el piloto para la sustitución de cultivos de uso ilícito en Nariño; las garantías de seguridad para los diálogos de paz; la atención a las víctimas y la creación de una subcomisión para abordar la situación jurídica de los disidentes de la Coordinadora.
El próximo ciclo de diálogo se realizará en la Hormiga o Valle del Guames (Putumayo), -con la presencia directa (custodiada por el Inpec) de Andrés Rojas-, los días 7 y 9 de abril, con la asistencia de países garantes, entidades acompañantes y observadores.
El próximo 10 de abril en un acto público en el Valle del Guamuez (Putumayo) se llevará a cabo el relanzamiento de la Mesa de Diálogos de Paz para presentar los resultados y los compromisos acordados en la sesión 5 de la Mesa, entre la delegación del Gobierno Nacional y la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano, con el acompañamiento de las comunidades que están convocadas a una concentración de masas, como respaldo al proceso de paz.
Hay que resaltar que las partes llegaron a un consenso para instalar una subcomisión con el propósito de construir los documentos necesarios para la planeación, diseño y puesta en marcha de un cese al fuego bilateral, temporal y local/territorial, con miras a la terminación del conflicto y las condiciones para el tránsito a la vida civil de los integrantes de la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano en la perspectiva de establecer otros mecanismos para la gestión del monopolio legítimo de la violencia por parte del Estado en el territorio, en un modelo innovador que trasciendo los instrumentos convencionales fijados en el ejército y la policía, pensando en las Guardias territoriales y étnicas que se han consolidado en los territorios.
@HoracioDuque8
* Horacio Duque es historiador y analista político.
Sobre el autor o autora
